El saldo de los sucesivos desgobiernos presididos por Jean-Bertrand Aristide en Haití está a la vista: sociedad postrada en la peor miseria del continente, economía paralizada y en ruinas, oposición civil masiva, organizada y movilizada que exige la salida del gobernante y, por si algo faltara, una violenta rebelión de bandas armadas creadas por el propio gobierno para reprimir a los opositores, que se salieron de control y ahora se han adueñado del poder en Gonaives y Saint Marc, dos localidades del noroeste del país.

Con escasa cautela, los medios internacionales suelen englobar bajo la misma categoría de “oposición” el movimiento cívico -y pacífico- que se moviliza en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades y los grupos armados que han tomado por asalto las comisarías policiacas en las ciudades mencionadas y han impuesto su mando en ellas.

Es pertinente insistir, por ello, en que los alzados de Gonaives -quienes hasta hace poco tiempo se hacían llamar “el ejército caníbal”- son grupos de choque organizados y reclutados en las filas de los antiguos tonton-macoutes por el propio Aristide, quien posteriormente intentó deshacerse de tan impresentable instrumento de gobierno y mandó asesinar al líder de la banda, Amiot Metayer. La insubordinación de esos elementos violentos y delictivos podría convertirse en factor autoritario y antidemocrático, así como en embrión de un régimen aún peor -si cabe- que el de Aristide.

Por su parte, la Plataforma Democrática, movimiento cívico que demanda la dimisión del Presidente y cuyos líderes visibles son, entre otros, Gérard Pierre Charles, Victor Benoit, Luc Mesadieu, Andy Apaid y Evans Paul, enfrenta el doble desafío de lograr la salida pacífica del poder de Aristide, por una parte, y de controlar y mantener a raya a los promotores de la violencia y los saqueos en Gonaives y Saint Marc. Sólo si se logran esos dos propósitos será posible crear las condiciones necesarias para establecer un régimen democrático y de derecho en el infortunado país caribeño y emprender las acciones necesarias para erradicar la opresión, la marginación, la insalubridad, el analfabetismo y la miseria que afectan a la gran mayoría de la población haitiana.

La comunidad internacional -empezando por Francia y Estados Unidos, sojuzgadores históricos de esa francófona nación antillana- tiene ante sí la responsabilidad moral de saldar su enorme deuda con Haití, país que se presenta, en el momento actual, fracturado en tres elementos bien definidos: la corrupta familia Lavalás, en el gobierno; los delictivos ex esbirros del noroeste, y la Plataforma Democrática, único factor posible de desarrollo y estabilización.